EL SLV: OEA rechaza cancelar organismo anticorrupción
SAN SALVADOR, 7 jun (Reuters) – La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el lunes los argumentos del gobierno salvadoreño para romper un acuerdo con una comisión contra la impunidad en el país centroamericano y denunció bloqueos gubernamentales a investigaciones de posibles actos de corrupción durante la pandemia del coronavirus.
El viernes, el gobierno de El Salvador dio por terminado el convenio de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), luego del nombramiento de un polémico político local investigado por supuestamente negociar con pandillas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció la semana pasada que el exalcalde de la capital salvadoreña, Ernesto Muyshondt, se sumaría como su asesor, despertando críticas desde el gobierno del presidente Nayib Bukele cuya Cancillería aseguró que la CICIES fue creada para “luchar contra la corrupción e impunidad y no para promoverlas”.
Muyshondt, quien fue detenido cuando se presentó voluntariamente a declarar, es investigado por supuestamente haber negociado beneficios económicos con pandillas a cambio de votos para la agrupación opositora ARENA en las elecciones presidenciales de 2014 y por la apropiación indebida de retenciones tributarias en perjuicio de la Hacienda Pública.
La secretaría general de la OEA se defendió el lunes asegurando que a Muyshondt solamente le hicieron un ofrecimiento por un contrato honorario, pero que este nunca se firmó, y que antes de hacerle la oferta, el organismo notificó a la cancillería salvadoreña y esta no se pronunció.
“La Secretaría General no desea que esto se utilice como excusa para la salida de la CICIES del país”, dijo la OEA en un comunicado. La CICIES fue creada en septiembre de 2019 con el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad en el país.
El organismo panamericanista con sede en Estados Unidos también señaló discrepancias con el gobierno de Bukele respecto al trabajo de la CICIES, entre ellos, la reciente aprobación de parte de diputados oficialistas en el Congreso de una ley que beneficiaría a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción en el marco de la pandemia.
La secretaría general de la OEA denunció además presuntos bloqueos realizados por la fiscalía y por el Gobierno que han obstaculizado investigaciones en la actual administración, así como presiones de parte del Ejecutivo para inducir a la CICIES a indagar acciones de políticos de oposición.
(Reporte de Nelson Rentería; Editado por Diego Oré)
