Sheinbaum envía iniciativa para transformar la estructura del gobierno
Fernando Camacho Servín y Andrea Becerril
Tal como lo anunció desde su toma de posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual modifica la estructura del gobierno para dar lugar a nuevas secretarías de Estado, al tiempo que modifica las responsabilidades de varias dependencias existentes.
Por un lado, el documento crea las secretarías de las Mujeres y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de oficializar el cambio de la actual Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De igual forma, añade o modifica tareas que atañen a las secretarías de Gobernación (Segob), Salud (SS), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre otras.
En el documento de 256 páginas, se plantea fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Entre ellas para modernizar el Servicio Nacional de Identificación Personal y compartir su información con otras autoridades para “potencializar el alcance de los programas de desarrollo económico y social”, y así eliminar duplicidades en esos esquemas. Busca “potencializar la operación de las ‘mesas de paz’ (en las cuales participan tanto autoridades estatales como federales, entre ellas Gobernación) encargadas de elaborar diagnósticos para construir la paz y la vinculación de los tres órdenes de gobierno” y “coordinar la política de prevención social del delito”.
Otro aspecto destacado es que busca que Gobernación adscriba nuevamente las tareas del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales –que hoy es un órgano administrativo desconcentrado–, y tenga la atribución de asistir “en lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al titular del Ejecutivo federal respecto de la elección de los integrantes del Poder Judicial”.
Sobre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la iniciativa busca que pueda “coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas” y “supervisar a las instituciones bajo su adscripción para la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica y análisis”, para obtener indicios y datos “que sean admisibles en juicio, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Por lo que toca a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la propuesta es que “sea capaz de construir, equipar, restaurar y rehabilitar obras de infraestructura urbana y para el transporte público de pasajeros” e “instalaciones destinadas al servicio del sistema educativo nacional”.
A la SS le correspondería “coordinar el Sistema Nacional de Salud” y “la participación de los sectores social y privado en dicho sistema”, además de “llevar a cabo las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud” y “coordinar la elaboración del diagnóstico de necesidades de medicamentos y demás insumos para la salud”.
En tanto, la Secretaría de las Mujeres “tendrá la responsabilidad de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, proteger los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, y erradicar la violencia de género”, además de “crear un sistema de información, registro y seguimiento sobre la situación de las mujeres en el país”.
Respecto al cambio de Secretaría de Función Pública a Secretaría de Anticorrupción, indicó que con esta modificación “se abarca la tarea de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, con lo que se da mayor enfoque a los procesos y controles que la secretaría llevará a cabo y que aseguren la eficacia y honradez del servicio público”.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de la “eliminación, reducción y simplificación de trámites, y la facilitación de la interacción de la ciudadanía con el gobierno, a través de los servicios digitales, el aumento de la conectividad y uso de la tecnología”.
Iniciativa para robustecer las facultades de la SSPC
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional encaminada a robustecer las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en materia de inteligencia, además de que se le dota de capacidad para investigar en materia de delitos y dar cumplimiento a órdenes de aprehensión, a fin de coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR) en esas tareas, bajo el mando del Ministerio Público.
En la propuesta de modificación al artículo 21 constitucional, de la Presidenta de la República, se señala que las nuevas atribuciones de la SSPC “permitirán la colaboración y coordinación en seguridad”, a fin de consolidar la estrategia en la materia, “con miras a proteger a la población, así como robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad”. Se insiste en la exposición de motivos que a través de esa reforma, “además de fortalecer la colaboración y coordinación en materia de seguridad pública, se mejorará la calidad de la actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las cuales serán dirigidas y coordinadas por la SSPC”.
La dependencia, que encabeza Omar García Harfuch, “desarrollará e implementará además políticas públicas en materia de información estratégica e inteligencia aplicada a la seguridad pública”.
Se busca habilitar a los agentes “para investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia en materia de seguridad pública, así como mantener una efectiva coordinación con la FGR y las otras corporaciones de seguridad pública que operan en el territorio nacional”.
Fortalecerán también las facultades de la SSCP en materia de coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y al auxilio que se preste a la presidencia de la República.
Asimismo, será la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones, “las que deberán proporcionarle la información de que dispongan en la materia”.
Además, “podrá solicitar información a las instituciones y dependencias del Estado para identificación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delitos”.
Ese artículo 21 se modifica también para garantizar el control y vigilancia efectivos de los fondos federales destinados a la seguridad pública, como garantía de un buen gobierno para la población.
De igual forma, se establece la existencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como sus atribuciones generales para emitir acuerdos y lineamientos, la implementación de acciones que homologuen estándares de actuación, y la coordinación y concurrencia eficiente entre los tres órdenes de gobierno.
Al respecto, la senadora priísta, Claudia Anaya, consideró que “apenas se percatan de que dejaron una secretaría sin funciones y regresan al mes con otra reforma al 21 constitucional”.
