Los siete estados del “frente de gobernadores antiAMLO”, entre los más endeudados (nota de Metapolítica MX)
Por: Metapolítica
Morelia, Michoacán.— La llegada de la “Nueva Normalidad” en México arrojó un nuevo esquema que hasta hace pocos meses no estaba en los cálculos de nadie:
Un frente de gobernadores en abierta oposición a todas y cualquiera de las medidas económicas, sanitarias, políticas y sociales emanadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Desde mayo de este año los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Jalisco, Enrique Alfaro; y Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, han conjuntado acciones trazando una suerte de camino propio en oposición a las directrices del gobierno federal.
La prensa nacional no tardó en bautizar al nuevo grupo como “frente de gobernadores antiAMLO”.
El origen del grupo estuvo específicamente en el rechazo a la inversión privada en energías limpias que decretó el gobierno federal. Desde entonces, y en distintas ocasiones, los mandatarios del bloque anunciaron la creación de un frente para pelear legalmente en contra de las decisiones de AMLO, derivadas de las supuestas afectaciones que tendrían sus respectivas entidades.
Más tarde, y siempre en grupo, insinuaron una revisión del pacto fiscal —el sistema tributario que acopia y distribuye las ganancias derivadas de los impuestos en el país—, rechazaron las medidas de la llamada “Nueva Normalidad” impuesta por la Federación, y se reunieron para elaborar planes alternativos con base en lo que ellos consideran el bienestar de sus propios gobernados.
Un detalle no menor, sin embargo, ha llamado la atención de numerosos analistas en todo el país:
Los siete estados cuyos gobernadores son parte de este acuerdo aparecen, en todas las mediciones, entre los más endeudados.
Algunos analistas ya lo han expuesto explícitamente. El pasado martes el columnista de El Universal Salvador García Soto aseguró que “una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y factureras para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal”.
El columnista agregó que “tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas”.
En tanto, el periodista Ignacio Rodríguez —fuertemente identificado con el gobierno de AMLO— destacó que “SAT y UIF, dedicadas a combatir la corrupción en México, ya dijeron que van contra Tamaulipas y Michoacán”.
Hasta ahora resulta imposible saber la veracidad de la información. El hecho es, sin embargo, que al menos dos gobernadores del grupo podrían ser investigados a la brevedad por problemas tributarios. Y la realidad actual de cada uno de los siete indica que en el corto plazo podrían sumarse más.
La sospecha latente es:
más que un frente de políticas alternativas a las directrices federales, se trataría en realidad de un intento colectivo de protegerse del asedio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El mismo asedio que llevó a Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), a hablar de “terrorismo fiscal”.
LA REALIDAD DE CADA ESTADO
Un repaso por la situación financiera de cada uno de los siete estados, y específicamente respecto de la deuda que mantienen, arroja algunas luces.
Hay que aclarar que en todos los casos los niveles se endeudamiento, hasta donde se sabe, se encuentran dentro de la norma. Pero también es un hecho que ese endeudamiento se opone directamente a los deseos de AMLO, quien en reiteradas ocasiones ha llamado a evitar contraer más deuda y llegó incluso a anunciar un fondo de 60 mil millones a repartir para que los estados no tengan que endeudarse más.
Mientars tanto, la realidad va al revés.
En Coahuila, según información de la Secretaría de Finanzas estatal, al inicio de su administración el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís recurrió a un crédito por 978 millones 047 mil pesos con el Banco Multiva.
Según medios locales, la deuda heredada por el exgobernador Rubén Moreira sumaba 36 mil 290 millones de pesos, que en el primer mes de Riquelme crecieron a 37 mil 250 millones de pesos.
En Colima, gobernado por José Ignacio Peralta Sánchez, la deuda oficial del Gobierno del Estado asciende a más de 3 mil millones de pesos, integrada por los rubros de deuda directa, indirecta y adeudos de ejercicios anteriores. La información fue dada a conocer el 25 de octubre del año 2019 por el propio Poder Legislativo de esa entidad, que también destacó que “la deuda reportada se incrementó en 129.1 millones de pesos más”.
No es lo único. En febrero de este año la revista Proceso reportó que desde su llegada al gobierno, el mandatario Peralta Sánchez había aumentado su patrimonio de cerca de 11 millones de pesos a casi 29 millones.
En Durango, el gobernador José Rosas Aispuro Torres aseguró en octubre del 2019 que se había hecho uso de créditos de corto plazo, pero que no eran deuda pública.
