Por presuntas operaciones con factureras, la FGR, el SAT y la UIF investigan al Creel y Anaya
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De acuerdo con expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Fiscalía General de la República (FGR), consultados por el medio Contralínea, el diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda, su hijo Santiago Creel Garza-Ríos y el excandidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, son investigados por esa dependencia por presuntamente participar en una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas (EFOS), defraudar al fisco y participar en lavado dinero producto del narcotráfico.
Y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó 36 empresas, la mayoría con sede en Zapopan, Jalisco, que utilizan a seis despachos de abogados a través de los cuales, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se triangulan millones de pesos provenientes de presuntas actividades ilícitas para financiar a políticos panistas.
A decir de las dependencias, el expresidente del Senado de la República, Santiago Creel y su hijo habrían recibido recursos millonarios de otros despachos y de empresas plenamente identificadas por las autoridades financieras de participar en la elaboración de facturas apócrifas, evadir al fisco y crear empresas fantasmas para el blanqueo de capitales.
Al parecer, Creel, su hijo y Anaya habrían creado una compleja red de complicidades que involucran a más de 22 despachos de abogados con representaciones legales de más de 100 empresas que supuestamente han realizado operaciones irregulares por un monto superior a los mil millones de pesos, que las autoridades consideran una probable “red de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para presentar los servicios de producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes” y por el monto que manejan, sin personal ni capacidad productiva, se considera que podrían estar “lavando” dinero del narcotráfico.
