Enmiendas de Morena al Poder Judicial le restarían autoridad al titular del TSJ

La Jornada | Por Carlos Hernández, julio 29, 2020.

El grupo legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y con ello restar autoridad al titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en este caso, Sofía Martínez Huerta, ya que solo se requerirá la presencia de tres miembros del consejo y pleno del TSJ para que “sea mayoría suficiente para la legalidad de sus acuerdos”.

Esto luego de la iniciativa presentada al pleno del Congreso de Veracruz por el diputado morenista Raymundo Andrade Rivera, que fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos para su estudio y dictamen. “Todas estas propuestas legislativas tienden a eliminar cualquier vacío legal o falta de supuesto normativo que pudiera generar parálisis funcional, el planteamiento atiende a contribuir a fortalecer el Pleno del Tribunal y al Consejo de la Judicatura, para que las actuaciones fluyan de una mayor y mejor forma”.

Esta reforma también crea la figura de “vicepresidente” que encabezará las sesiones del consejo del Poder Judicial en caso de ausencia del titular. Andrade Rivera justificó que los cambios propiciarán a que las decisiones sean basadas en los consentimientos “y no en los desacuerdos” y que todos los temas sean validados por “el diálogo y para fomentar un consenso transitivo al conflicto permanente”.

Entre los cambios que se prevén a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se reforma el artículo 6 donde la magistrada presidenta deja de ser esencial en la sesiones que se celebre. Actualmente el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que “el pleno deberá reunir, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes, entre los que deberá estar presente su Presidente”. Con la reforma se establece que “el pleno deberá reunir, cuando menos, a tres de sus integrantes cuya mayoría será suficiente para la legalidad de sus acuerdos y resoluciones”.

El artículo 33 también sería modificado: “proponer al Consejo de la Judicatura para su aprobación el nombramiento del Secretario de Acuerdos, de los secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios y demás personal del Tribunal”; el término “para su aprobación” no se encuentra en la reforma.

El artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala: “para que pueda sesionar válidamente el Consejo, deberán estar presentes por lo menos tres consejeros y el presidente”; con la reforma se excluye al presidente, es decir, eliminan la necesidad de presencia de Sofía Martínez.

La reforma agrega el artículo 106 BIS, que a la letra dice: “ante la ausencia del Presidente en alguna sesión, se elegirá de entre los miembros del Consejo a un Vicepresidente, quien fungirá como tal únicamente en dicha sesión. El Vicepresidente asistirá en todo momento al Presidente del Consejo en el ejercicio de sus funciones y presidirá las Sesiones, en las ausencias de éste”.

La reforma al artículo 107 establece que el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura podrá “convocar a sesiones del Consejo, previa petición de su presidente o a solicitud de al menos dos de sus miembros”. Esta iniciativa se da, luego de que Sofía Martínez Huerta solicitara el uso de la fuerza pública para impedir los acuerdos tomados por el pleno el 15 de julio, donde se revocó los nombramientos que hizo.

Ese día, el Consejo de la Judicatura revocó los nombramientos a Mayra Angélica Martínez Juárez, como Secretaria General del Consejo y nuera de Sofía Martínez; también destituyeron a Rosa María Jiménez Abud como subdirectora de Recursos Humanos.

En lugar de Martínez Juárez, el Consejo de la Judicatura asignó a María Hortencia Guillermina Hernández Fernández como Secretaría General del Consejo, puestos que la magistrada presidenta ha impedido que tomen.

También el del subdirector de Recursos Materiales del Poder Judicial de Veracruz, Elvis Viveros Arroyo, quien promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito del Séptimo Circuito asentado en el expediente 266/2020, acusando a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, que le impide tomar su cargo avalado por el pleno de la judicatura.

En reiteradas ocasiones, barras de abogados denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir una actualización e implementación de “justicia digital” al Poder Judicial, al considerar que la impartición de justicia colapsó desde que Sofía Martínez Huerta paralizó los tribunales excusando la emergencia sanitaria de covid-19.